El equipo que fue víctima del vergonzoso hecho de inseguridad es el Club Deportivo Caucete (CDC) que jugaba su partido contra Defensores de Racing de la Liga del este. Ni la policía, ni el club que jugaba contra el CDC, ni el club dueño de la cancha se hacen cargo del hecho de seguridad.
La jueza de Paz del departamento, Luciana Salva, decidió clausurar el club Centro Impulso donde ocurrió un conflicto entre 2 personas, identificadas y puestas a derecho inmediatamente.
La policía de San Juan decidió separar de sus funciones, en marzo del año pasado, a tres policías que pidieron por la mejora de sus salarios. Esa situación “disciplinaria” que impusieron los jefes policiales, desató un calvario para estos funcionarios públicos. Entre ellos el veinticinqueño Lisandro Sánchez, de 30 años, que cayó en un terrible pozo depresivo y en el que fue abandona por la fuerza, a pesar de aún tener un vínculo, pero con medio sueldo, sin obra social y sin aportes.
En marzo del 2024, la policía separó de sus funciones a 3 efectivos acusados de “Punteros Políticos”. Desde entonces esos 3 efectivos no cobran su sueldo, no tienen obra social y tampoco tienen aportes, pero la desidia de la fuerza policial los mantiene como empleados del Estado, por lo que no pueden desempeñarse en otra actividad. Están acusados de participar de una manifestación pidiendo por uno 30 compañeros, que se habían manifestado por sus salarios.
Un 27 de agosto, pero de 1997, un accidente trágico tiño de luto a la Fiesta Patronal de Santa Rosa de Lima. Un joven de la comunidad, colaborando en la difusión de la celebración recibió una letal descarga eléctrica mientras colgaba un pasacalle que invitaba a la celebración religiosa. Hoy, esa comunidad recordará a Sergio “Yiyo” Aballay.
El gremio de mayor convocatoria docente de la provincia, decidió hoy, en plenario general de delegados, rechazar la nueva oferta salarial presentada el martes pasado de parte del Gobierno de Marcelo Orrego. Es que la mayoría de los delegados de las escuelas de la provincia llevaron el mandato de rechazar el incremento del 4% que elevaron las autoridades de Economía y Educación.